Los padres fundadores de nuestra democracia diseñaron el modelo autonómico como marco de convivencia nacional respetuoso con las singularidades regionales. Su éxito dependería de un desarrollo sensato. Desde hace 35 años, la deslealtad manifiesta de unos, el interés electoral de otros y la debilidad de quienes debían defender el compromiso nacional han empujado a España por la senda del particularismo. Nos percatamos ahora: es el camino opuesto al que debemos recorrer para escapar de la crisis. Y no es fácil la marcha atrás.
Las Comunidades han mutado en 17 Estados miniatura. 120 de las 218 medidas del Gobierno para la reforma de la administración pública tratan de corregir esa duplicidad de servicios prestados a la vez por el Estado y la autonomía correspondiente. El ciudadano paga por ambos, cuando bastaría con que lo hiciera una sola vez. La crisis, que no todo lo que trae es negativo, nos impulsa a poner coto a este despropósito. Buena oportunidad para reconducir un modelo desbordado.
Rajoy acierta al colocar sus reformas bajo el único criterio de la eficiencia. Es la calidad del servicio lo que importa, no la titularidad de quien lo ofrece. Este debate, aún no superado por la izquierda ideológica, como demuestra su permanente agit-prop sobre lo público y lo privado en la gestión de los servicios esenciales, se abre ahora a gobiernos autonómicos de todo color. Costará verles, nacionalistas o no, cediendo estructuras de poder, por mucho ahorro que suponga para el contribuyente al que luego castigan con sus impuestos. Pero quedarán retratados ante su electorado. Porque no vale ir de víctimas ante la exigencia de estabilidad presupuestaria cuando después gastan sin necesidad.
LA RAZÓN, 21/06/2013
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