Ellos creyeron a ETA

   Nos dicen que no debemos creer a ETA. Todos a coro. Ahora que unas actas nos han mostrado las entrañas de una negociación infame. Pero fueron ellos quienes primero la creyeron. Para ser exactos: los únicos que la creyeron cuando no había motivos para creerla. Creyeron que había llegado el momento en el que la organización terrorista aceptaría la paz definitiva. Creyeron en su buena voluntad para abandonar su pasado de crimen, extorsión y terror. Y tanto lo creyeron que retorcieron el Estado de Derecho, engañaron a los españoles y se humillaron ante sus interlocutores encapuchados cada vez que se irritaban. Porque Zapatero creía en la palabra de ETA colocó a Rubalcaba en Interior “para blindar el proceso”. Porque creía en su generosa disposición se destituyó a Fungairiño, héroe de la lucha antiterrorista, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Porque creía que su “ansia infinita de paz” sería correspondida se ordenó a la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaina que dejaran de detener terroristas. Y aunque las cartas de extorsión seguían llegando a los empresarios, Zapatero y su Gobierno creían y creían a ETA: “Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta. Si el problema es el dinero, siempre se podrá arreglar por medio de una organización internacional”. Y no bastó el atentado de la T-4 para que dejaran de creer en ella. Volvieron a sentarse con los terroristas, ofrecieron la liberación de presos con delitos de sangre y les dejaron este mensaje: “Que el Gobierno salga reforzado en las elecciones generales es imprescindible para implementar el proceso”. A ver quién insulta ahora a Mayor Oreja por explicar que “Zapatero necesita a ETA y ETA necesita a Zapatero”.

LA RAZÓN, 30/03/2011

El adiós de Zapatero

   “El poder no me cambiará”, prometió. “¡No nos falles, no nos falles!”, coreaban sus votantes. Hoy está reducido a carne de caricatura, tras haber dado la vuelta a todas sus políticas como a un calcetín. El tsunami de la crisis económica desarboló la nave de su gobierno y descubrió su impericia para las singladuras difíciles. Bien sabemos los españoles los estragos causados en nuestras vidas por este timonel empecinado. Calvario de legislatura. De daños agravados y oportunidades perdidas. Agotada desde que Zapatero comenzó una huída hacia adelante que no le permitirá escapar al destino, ese que a menudo encontramos por los caminos que tomamos para evitarlo. No hay un solo gobierno en Europa que haya salido reelegido desde que la crisis se desató. Todos caen. Como caerá el de Zapatero. Se presente o no, después de tanto espectáculo obsceno sobre su futuro.

   Es un problema de credibilidad. De obcecación estéril también. Decidió prolongar la agonía y acabará en la escombrera de la historia. Tarde ya para labrarse un lugar más digno con un último destello de grandeza, pues agotó hasta lo que un dirigente nunca debiera perder. “Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación”. Adolfo Suárez al pueblo español aquella tarde de enero de 1981 en la que dimitiendo, sirvió a España.

LA RAZÓN, 25/03/2011

Lecciones libias

   Una doctrina que hunde sus raíces en Tomás de Aquino y nuestra escuela de Salamanca ha tratado durante siglos de resolver esta terrible paradoja: cuándo aceptar la guerra, intrínsecamente mala y perversa, como remedio de males mayores. En la España de hoy, donde la demagogia y el partidismo ahogan cualquier intento de debate serio, sólo existe un tipo de guerra justa: la que protagonizan los socialistas. Se suman al combate cuando el conflicto les sorprende en el gobierno. Agitan el pacifismo chillón e inane cuando toca a otros ejercer su responsabilidad.

   Nuestro príncipe de la paz tragó quina ayer para justificar como humanitaria una misión bélica que hubieran bendecido los kurdos antes de ser masacrados por Sadam. Entonces nadie la planteó. Es la ventaja de los gases letales: matan en silencio, sin la reacción que provoca la brutalidad de aviones de combate disparando a su propio pueblo. Ha sido el error de Gadafi. Así que ya sabéis, tiranos del mundo: absteneos de bombardear al pueblo. Matadlo de hambre (Corea del Norte), condenadlo al exilio (Cuba), sometedlo a una teocracia medieval (Irán). Os garantizáis que las conciencias del mundo libre no pasen a la acción.

   A todos, esta guerra nos deja otra lección. No es nueva: el apaciguamiento no funciona. Nunca. Sólo retrasa el conflicto inevitable. Sucedió con Hitler. Con Milosevic y Sadam después. No estaríamos ahora expiando culpas a golpe de tomahawks si hace 25 años tres dirigentes socialistas (González, Mitterrand y Craxi) no hubieran jugado al antiamericanismo barato torpedeado la operación de Reagan para acabar con este psicópata criminal que nuestros dirigentes, a derecha e izquierda (porque aquí nadie está limpio de pecado), nos vendían hasta ayer como ejemplo de terrorista rehabilitado para la causa de la paz.

LA RAZÓN, 23/04/2011

La verdad nos hará libres

   No somos necesariamente libres por votar cada cuatro años. Lo que caracteriza a un régimen de libertad no es el hecho de que las órdenes se den en nombre de todos, sino que sólo haya reglas generales, nunca particulares. La decisión de un parlamento puede ser tan arbitraria como la de un autócrata. Alertó Montesquieu: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa». Y olvidamos que en el disfrute de nuestros derechos debemos más al juez imparcial que al ejercicio plebiscitario de la soberanía popular.

   Pero no es España terreno especialmente abonado para el juez independiente. Ocupamos el puesto 66 en el ránking de independencia judicial del Foro Económico Mundial. Por detrás de países como Túnez, Egipto o Irán. Aunque brotes verdes, aquí sí, se abren camino estos días. En dos asuntos que ponen a prueba nuestro Estado de Derecho: el chivatazo a ETA y los atentados del 11-M. Dos jueces desconocidos, sin flirteo alguno con la política, dos jueces que sólo quieren ser eso, administradores de justicia, han emergido de forma natural para resolver lo que otros compañeros ocultaban bajo la mesa en beneficio del poder. «La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio», sentenció un clásico. Y eso es lo que está en juego: la verdad. Porque la verdad existe. Sólo se inventa la mentira. ¿Quién ordenó avisar a ETA de que un juez iba a desarticular su red de extorsión? ¿Quién ordenó romper la cadena de custodia de los restos de los trenes? ¿Con qué objetivo? Conocer la verdad nos hará más libres.

LA RAZÓN, 18/04/2011

Otra bandera arriada

   Desbordado por la realidad. Sin aliento idealista. Aborrecido por los suyos. Apagada su estrella. Zapatero abandonará la Moncloa habiendo arriado todas las banderas que enarboló a su triunfal llegada. La última: la del pacifismo infantil y buenista. Bajo la que presentó a su gobierno aquél domingo de abril de 2004 cuando, nada más tomar posesión, anunció su primera orden: retirada de las tropas españolas de Irak sin aviso previo a los aliados.

   Siete años después, su gobierno prepara a la sociedad española para una intervención militar. Objetivo: someter al mismo dictador al que otro gobierno socialista, el de Felipe González, ayudó a escapar del castigo de Estados Unidos hace 25 años. Entonces, todas las cancillerías europeas conocían un informe según el cual Gadafi había entregado a ETA un millón de dólares de la época. Y el New York Times informaba de la estrecha colaboración del dictador libio con la banda terrorista. No fueron argumentos suficientes. Felipe González negó a los aviones americanos el espacio aéreo para lanzar la operación ordenada por Reagan.

   Leí la semana pasada a un dirigente socialista: “Europa no debe descartar la opción militar para impedir crímenes contra la humanidad”. Ahora. Como si Gadafi no los hubiera cometido entonces. O Sadam anteayer, mientras ellos vociferaban contra Bush. Como si Fidel y Raúl Castro no los siguieran cometiendo hoy cuando nuestros socialistas les cortejan. O el estalinista Kim Jong-il cuando mata de hambre a los coreanos ante la pasividad internacional. Es la impostura permanente de la izquierda, no sólo española. La que calla cuando Obama recupera los juicios militares a los presos de Guantánamo por los que demonizó a su predecesor.

LA RAZÓN, 11/03/2011

Cantinela paternalista

   La izquierda tiene un problema con la libertad. Sencillamente, no le gusta. Le molesta que podamos decidir, en el ejercicio de la responsabilidad individual, cuestiones básicas de nuestra vida: en qué gastar las rentas de nuestro esfuerzo, qué educación queremos para nuestros hijos, qué médico preferimos que nos asista, qué nos apetece comer o beber y, ahora, hasta cómo y en qué debemos ahorrar cuando las cosas van mal. Prefiere el control, el dirigismo y la imposición. Siempre por nuestro bien, por supuesto. En su obsesión por librarnos del trabajo de pensar y de todas las dificultades de la vida, la izquierda sería feliz dictándonos el voto. Como no puede, trata de asegurárselo mediante la dependencia que fomenta el subsidio y la subvención. Está en su manual de gobierno. Desde siempre.

   Con las arcas públicas vacías por la crisis y una política de gasto desenfrenado, la jugada ahora se complica. Y no deja de sorprender que, acreditada su incapacidad para la gestión de los problemas reales, Zapatero sea incapaz de controlar su pulsión liberticida en momentos tan difíciles para él y su gobierno. Al no poder tirar de la chequera para anestesiar rechazos y comprar voluntades, el empecinamiento en cincelar un hombre nuevo a golpes de su ideario progresista termina irritando a todo el mundo: pensionistas, funcionarios, parados, familias, internautas, empresarios, automovilistas, autónomos, fumadores... Todos hartos. No de su tutela buenista. Hartos de tanta burla. Porque no es lo mismo reducir la velocidad en el conjunto de un plan global, serio y responsable de ahorro energético, que imponerla a la vez que el dinero público se despilfarra en subvencionar energías deficitarias por un prejuicio ideológico, el mismo que desprecia también otras más baratas. Igual que no hubiera sido lo mismo atajar el problema del tabaco en los lugares públicos en época de prosperidad que cuando pone en peligro tantos negocios y empleos. Si encima tenemos que soportar la cantinela paternalista de que todo es por nuestro bien, pues así estamos. Hasta el gorro.

LA RAZON, 6/03/2011

Lo que Chaves no quiere ver

   El fraude de las jubilaciones andaluzas no es un asunto de cuatro golfos, como Chaves quiere hacernos creer. Es algo mucho peor: una trama de pillaje encajada en la propia administración que él presidió. 650 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los andaluces fueron sustraídos al control público –y esto es lo trascendente– por decisiones de la propia Junta de Andalucía para, una vez convertidos en dinero opaco, ser distribuidos entre determinadas empresas sin ningún tipo de publicidad y fiscalización. Esta es la naturaleza del delito, tal como lo describe la Policía.

   ¿Cómo fue posible? Mediante la ingeniería burocrática de un régimen espoleado por un sentimiento de impunidad tras décadas de poder incuestionado: un convenido con la Consejería de Empleo cedió al Instituto de Fomento, sometido a un control administrativo laxo, el reparto de los fondos. ¿Entre quiénes? Se deduce de la conversación que dos empresarios extorsionados grabaron al director de Mercasevilla, origen de todo el escándalo: “La Junta colabora con los que colaboran”. Las empresas “amigas” recibieron ayudas que no se publicaron nunca en el Boletín Oficial, negándose al resto de las empresas en dificultades económicas la información y la posibilidad de acceder a ellas. ¿Para qué? No desde luego para ayudar a “criaturas necesitadas”, como ayer dijo el que fuera director de Trabajo con Chaves.

   En pesetas, la cifra es mareante: 100.000 millones. Lo verdaderamente grave, que se repartieron entre partidarios y simpatizantes al amparo de una fórmula pergeñada por la propia administración para eludir su fiscalización y permeable a toda una red de intermediarios y bribones encargados de burlar la Inspección de Trabajo. Por cuantía y naturaleza, el caso más grave de cuantos se investigan hoy en España por la gestión de fondos públicos.

LA RAZÓN, 4/03/2011