A contracorriente

   Si una mujer decide abortar, que pueda hacerlo en libertad; es una decisión individual. El argumento me recuerda este otro: si un hombre decide esclavizar a otro, un tercero no puede objetarlo. Era la tesis democrática a favor de la esclavitud en Norteamérica. Los Estados debían decidir libremente si querían o no ser esclavistas. Soberanía popular en estado puro. Hasta que llegó Lincoln y comenzó la demolición ideológica que amparaba la esclavitud: no existe libertad de elección para que un hombre pueda someter a otro, por mayoritaria que fuera la opinión a favor de una práctica que terminó siendo abolida y hoy es repudiada por todos. ¿Si no existe el derecho para negar la libertad a otro, existe el derecho al aborto como algo exclusivo e individual de la mujer que aborta y ajeno a la vida que pretende ser abortada? 

   Mildred Jefferson encarnó durante sus 83 años de existencia cómo el debate que plantean aborto y esclavitud es idéntico y solo puede ser resuelto con el mismo criterio moral. Jefferson creció en la Texas segregada, pero con tenacidad se convirtió en la primera afroamericana graduada en medicina por Harvard y la primera mujer de la Sociedad de Cirugía de Boston. Fundó también la Comisión Nacional por el Derecho a la Vida, principal organización pro-vida norteamericana. Jefferson pasó su vida combatiendo. En su juventud, a quienes la sojuzgaban escudados en la supuesta libertad para decidir la segregación entre los seres humanos; después, a la opinión extendida de que somos libres para decidir sobre la vida de los no nacidos. ¿Su arma? La misma en ambos casos: la certeza de que existen derechos inviolables que preceden a las leyes y cuya vigencia no está al albur de mayorías más o menos ocasionales.

LA RAZÓN, 27/12/2013

Palabra de Rey

   El Rey que anoche habló a los españoles fue una persona visiblemente recuperada después de un año de clavario físico y quirófano en exceso. Pero fue sobre todo un Jefe de Estado determinado con su responsabilidad nacional. De renovado coraje para seguir ejerciendo el liderazgo que le reserva la Constitución. Habló un Rey cercano, sereno, lúcido, comprometido. Sin volver la cara a ninguno de los problemas que nos acechan. El económico, el primero. Y no pudo ser más claro: “Para mí, la crisis empezará a resolverse cuando los parados tengan oportunidad de trabajar”. En un país con seis millones de parado, el empleo será el indicador de la recuperación y no ningún otro. Aviso a los vendedores de optimismo al por mayor. Acertó también en el diagnóstico del problema que está erosionando las bases de nuestra convivencia política: “La crisis económica que sufre España ha provocado desaliento en los ciudadanos, y que la dificultad para alcanzar soluciones rápidas, así como los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública, han afectado al prestigio de la política y de las instituciones”. Los españoles han soportado los sacrificios de estos malos tiempos con entereza, pero han sido defraudados por los poderes públicos en la reciprocidad que todo esfuerzo colectivo conlleva si quiere ser compartido. Sintonizó con esa sociedad que hastiada de comportamientos fraudulentos demanda compromisos éticos renovados. Y, como primero de los españoles, sin escurrir el bulto, dejó antes de despedirse un mensaje nítido que no necesitó acompañar de nombres y apellidos. Se le entendía todo. “La seguridad de que asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad”, dijo. Palabra de Rey que será puesta a prueba por la realidad implacable.

FELIZ NAVIDAD

Ante el mismo error

  

  Rajoy confía en la ley para frenar la sedición de un gobierno que tiene como hábito violarla continuamente, confortado ya en la costumbre de que su insubordinación (ahí están sin acatar las múltiples sentencias del Constitucional y el Supremo sobre el castellano) no tiene más consecuencias que el consentido atropello de las libertades. Veremos. La ley es estéril sin un poder coactivo legitimado democráticamente que obligue a su cumplimiento. El orden constitucional de la II República violado por la declaración unilateral de la independencia de Cataluña en 1934 tuvo que ser restaurado manu militari. Dos años antes se había celebrado el debate sobre su estatuto en las Cortes republicanas. Ortega alertó del gran error de creer que el nacionalismo plantea un problema que puede resolverse mediante lo que Azaña denominó la "extirpación del descontento". Bastaría conceder la autonomía política para zanjar la cuestión catalana. De nada sirvió que Ortega explicara cómo el impulso nacionalista hacia la secesión es innato. Nunca se evapora. Aunque por momentos parezca soterrado cuando el proyecto nacional se impone a ese aliento particularista que permite a unos pocos exaltados arrastrar a la mayoría a posiciones radicales si la tarea colectiva de hacer de España “una Nación mejor” desfallece. 

   Ochenta años después, España asiste a un déjà vu. Un Zapatero necesitado de apoyos despertó el apetito de la secesión, Rajoy creyó después que con dinero podría saciarla y el PSOE aprovecha el embate a la soberanía nacional para disimular su confusa idea de España con una propuesta de reforma constitucional que socorre a quienes creen, como Azaña en 1932, que el nacionalismo sólo formula un ejercicio de “encaje político”. Otra vez, ante el mismo error.

LA RAZÓN, 17/12/2013

Escándalo de UGT... y del PSOE

   La cuestión es: ¿hubiera sido posible el fraude monumental que UGT propició con dinero público sin el consentimiento o la vista gorda de la administración que dotaba las partidas presupuestarias saqueadas luego por el sindicato? Hasta en quince ocasiones, por ejemplo, alertó por escrito el interventor de la Junta de Andalucía contra el procedimiento (diseñado y aprobado por Magdalena Álvarez como consejera de Hacienda, Chaves como presidente y luego mantenido por Griñán) que permitía escapar del control público a las transferencias que terminaron enriqueciendo a sindicalistas vividores, políticos desalmados, aseguradoras carroñeras y amiguetes de todos ellos. Como siempre en estos casos, fue una denuncia valiente, pero colateral, la que permitió a una juez tenaz e insobornable tirar de la madeja para descubrirnos algo más grave que el timo de cuatro granujas. 

   Si Alaya va a sentar en el banquillo a dos presidentes de Andalucía (ambos también del PSOE, uno de ellos aún en ejercicio, aunque los dos ya convenientemente aforados en Madrid), a cinco exconsejeros y decenas de altos cargos, junto a sindicalistas, empresarios, intrusos y demás aprovechados, hasta un total de casi 200 encausados, no estamos ante un “caso UGT”, sino ante un entramado delictivo gestado al calor de la impunidad que terminó creyéndose el poder político tras 35 años de desempeño sin fin. Detrás de cada factura falsa, de cada ERE fraudulento, de cada curso de formación convertido en fiesta caribeña y mariscada, está lo que Alaya describió en un auto lúcido: un “sistema perfectamente establecido” en el que las ayudas se convierten en negocio bajo el “grandilocuente principio de la paz social”. Cada uno hacía su papel y todos salían ganando. El régimen socialista en su latifundio andaluz.

LA RAZÓN, 12/12/2013

En cueros

   La libertad sindical es un derecho fundamental protegido en nuestra Constitución. Pero durante 35 años, la pasividad de unos y la complicidad de otros han permitido a los sindicatos arrogarse la representación exclusiva de los trabajadores. Se les abrieron puertas que no les correspondía traspasar, se les cedieron sillas que no debían ocupar. La “paz social” tenía precio. Chantaje se llama. Así es cómo los sindicatos se convirtieron en un poder paralelo que les ha permitido rivalizar en legitimidad democrática con la que otorga el ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. Desde una supuesta atalaya moral inmaculada, el beneplácito sindical ha sido el salvoconducto que cualquier ley, iniciativa, reforma o gestión debía lograr para no ser tachada de anti-social y, por tanto, de perjudicial para “los trabajadores”, en ese plural totalizador que no admite disidencias. Como si no hubiera trabajadores entre quienes deciden delegar sus intereses en una mayoría democrática que los sindicatos siempre cuestionan si no se somete a sus propósitos. Que por definición son los de los trabajadores, faltaría más, y, sin disimulo, los de la izquierda política. 

   La filantropía del ideal sindical se ha quedado en cueros con un escándalo letal para UGT. Ninguna organización está a salvo de incubar un golfo. Pero aquí estamos ante un modelo de proceder normalizado que termina estafando a los trabajadores a quienes decían representar. Y cuando les han pillado con las manos en la masa, emerge su vulgaridad. Comportándose como aquellos a quienes han zaherido sin piedad desde su fraudulenta posición de honestidad incorruptible y entrega al prójimo: se enteran de todo por la prensa, se aferran al cargo, se les borran los ordenadores… Víctimas de un ataque a la libertad sindical, dicen.

LA RAZÓN, 5/12/2013