No nos representan

   Pocas huelgas tan salvajes como la que intentó doblar el pulso a Álvarez del Manzano en 1992. Más de dos meses de paros en los autobuses municipales con los madrileños como rehenes. El alcalde de las tres mayorías absolutas siempre recuerda las llamadas de apoyo del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, ante un conflicto que tenía alcance nacional: «José María, resiste. Ganarás. Y después yo aprobaré una ley de huelga». El alcalde ganó, terminó despidiendo a los cabecillas del paro ilegal y el juez avaló su decisión. Naturalmente, el presidente socialista olvidó su promesa. El de huelga es el único derecho constitucional que, 35 años después, aún sigue sin regulación. Por interés propio cuando quien gobierna es el Partido Socialista, siempre necesitado del cariño sindical; por temor a perder la «paz social» cuando quien lo hace es el PP. De tal forma que los sindicatos campan a sus anchas con el ejercicio de un derecho ilimitado que pisotea los del resto de una ciudadanía indefensa, mayoría silenciosa que aguanta todo mientras se consiente que otros suplanten su representación en todas las causas. ¿Que no protestan los usuarios por la subida de las tarifas del transporte? Se ponen en huelga los empleados de la EMT. ¿Que a decenas de miles de viajeros del Metro les han suprimido la extra de Navidad? Ahí están los conductores del suburbano para reivindicar la suya propia dejándoles sin transporte. ¿Que nunca se han quejado los pacientes de los hospitales públicos de gestión privada que llevan años funcionando en Madrid? Ha llegado la hora de que médicos y enfermeros les saquen del engaño y defiendan sus intereses dañados. ¡Si sabrán ellos lo que está en juego, ahora que muchos ya no podrán trabajar por la mañana en la pública y por la tarde en la privada!

LA RAZÓN, 29/12/2012

La fuerza de la ley

   En 1999, las últimas elecciones de Pujol, sólo ERC defendía la independencia sin tapujos. Hoy sólo el PP y Ciudadanos, dos partidos minoritarios en Cataluña, defienden el orden constitucional. La nación española, forjada en cinco siglos de historia compartida, enfrenta un desafío sin precedentes. Ya no es un farol la secesión catalana. Y de poco han servido los casi 40 años de cesiones permanentes para saciar la voracidad nacionalista. Nos equivocamos fiando el Estado de las Autonomías a su lealtad. Fue un error creer que menos España en Cataluña nos ahorraría este trance. Ninguna renuncia cobarde, ningún desistimiento medroso ha podido evitar que llegáramos a donde lo hemos hecho. ¡Y mira que lo hemos intentado! ¿Y ahora que la amenaza de la ruptura de España es una realidad? Nos tranquiliza el Gobierno con la ley y la Constitución. Como si la ley y la Constitución hubieran sido obstáculo alguno para el avance de la insumisión y la secesión en Cataluña. Es la libertad misma la que lleva años retrocediendo en aquella tierra española porque la ley y la Constitución han sido pisoteadas por los dirigentes catalanes sin que un Estado pusilánime hiciera nada por defenderlas. Ahí están las sentencias incumplidas del Tribunal Constitucional y del Supremo sobre la enseñanza en español. Ahí está la insubordinación ante la reforma educativa que pretende aprobar la mayoría de los españoles a través de sus representantes democráticamente elegidos. «¿Pondrán un guardia civil en cada aula?», desafió ERC a Wert en el Parlamento. Ésa es la clave. En democracia, la ley es la libre expresión de la voluntad mayoritaria. Pero es la legítima coacción del Estado la que garantiza su cumplimiento. Si es necesario, con el uso de la fuerza. Lo demás son pamplinas.

LA RAZÓN, 22/12/2012

Culpa histórica

   No hay salida de izquierdas a la crisis. Esto está claro. El descontento puede derribar gobiernos conservadores y facilitar el triunfo de la izquierda, como en Francia. Da igual. Una vez en el poder, Hollande se ve en la obligación de aplicar las recetas de las que reniega en la oposición. El desconcierto del socialismo español es mayúsculo. Pretende que funcionar como una marca asociada a las buenas intenciones le sirva para ocultar su carencia de alternativas creíbles. Así, el PSOE intenta pasar por el partido de los derechos, del bienestar social, de los servicios públicos… Todo nos lo ha facilitado él y de todo él es el único garante. Confía en la ignorancia de generaciones enteras formadas en la falsificación histórica. Un trabajador despedido recibía en la II República una indemnización de 15 días con seis meses de máximo; Franco la elevó a 60 días y seis años; con la democracia se redujo a 45 días y Zapatero extendió la indemnización de sólo 33 días. El PSOE ocupa lugar destacado en la historia de las “conquistas sociales” con dos hitos recientes: un Gobierno suyo es el único que se ha atrevido desde la muerte del dictador a rebajar el sueldo de los funcionarios y a congelar las pensiones. No hay recurso ante el Constitucional que pueda disolver tanta desfachatez. El problema es que no basta con proclamar los derechos. Alguien tiene que pagarlos. Y es aquí donde este socialismo de rostro amable y halago fácil para oídos poco exigentes no ofrece más respuesta que la evasión infantiloide de la realidad. Porque la fórmula de gastar lo que no se tiene es la que nos ha traído hasta aquí. Al abismo de la bancarrota. Es la culpa histórica con la que carga el PSOE. Se comprende su enojo con Rajoy por recordarlo.

LA RAZÓN, 20/12/2012

El asedio

   A la izquierda española le cuesta transitar apartada del poder. Desde su insolente superioridad moral, entiende que la democracia le pertenece e interpreta como una anomalía que la mayoría pueda otorgar el gobierno a otros. De ahí sus dificultades para renovarse. Mantiene vivo ese gen subversivo que históricamente le impulsa a intentar recuperar en la calle lo que pierde en las urnas. Y la ocasión la pintan calva. No ha cumplido un año el gobierno de Rajoy y lejos está aún del ecuador el gobierno regional madrileño, ambos con la legitimidad del mayor respaldo democrático conocido nunca por la derecha española. Sin embargo, Madrid arde en protestas, alimentadas muchas por mentiras perfectamente demostrables, pero de atractiva coreografía para ganarse el eco multiplicado de la televisión. Son lo que César Vidal definió ayer como “el aullido de los privilegiados” en un país con seis millones de parados. No sin errores y con la irritante parálisis de otras reformas que contribuirían a convencer a los españoles de que estamos de verdad ante un esfuerzo compartido, el PP está gestionando realidades complejas con decisiones casi siempre tan impopulares como necesarias. Enfrente se levanta una oposición que, sin respuestas a la crisis y refractaria a todo compromiso nacional, agita el descontento en la calle con una retórica más primitiva que el hacha de sílex. Más preocupante que los comunistas madrileños hayan elegido como líder a un joven “activista social” (así se define el propio Eddy Sánchez) es que el PSOE desbroce su futuro entre la súbita conversión al “anticapitalismo radical” de Rubalcaba y el regreso al zapaterismo inmaculado de Chacón. Es así como el partido que los últimos treinta años ha representado a la izquierda democrática se está convirtiendo en un problema para España. Más radicalidad y más calle es menos prosperidad y menos democracia. Objetivos secundarios cuando el primero no es otro que derribar al PP, al precio que sea. Incluso en alianza insumisa con el separatismo antiespañol. En ello están.

LA RAZÓN, 14/12/2012

Lo público como coartada

   Si un país ha representado el modelo del Estado del Bienestar, ése siempre fue Suecia. Los entusiastas de lo público tenían en la democracia escandinava el ejemplo perfecto: impuestos altos y servicios prestados por un gran estado benefactor. La crisis de los 90 generó la secuencia conocida por los españoles (recesión, desempleo, gasto público, endeudamiento y déficit), pero demostró a los suecos que su modelo no era más que un cheque sin fondos abocado al colapso. Así que, primero un gobierno conservador y después otro socialdemócrata que no invalidó las iniciativas de aquél, pusieron en marcha las reformas que hoy permiten a Suecia disfrutar de un crecimiento económico y un bienestar social envidiable. Y todo fue posible gracias a una ruptura con del dogmatismo estatista de Olof Palme y la intransigencia izquierdista a toda apertura de los servicios públicos a la iniciativa empresarial. Mauricio Rojas, diputado sueco de origen chileno, recuerda que esta transformación se realizó sin huelgas ni manifestaciones en la calle. Desde entonces funcionan allí (como en Alemania, Francia y Gran Bretaña) hospitales públicos de gestión privada sin el alboroto que se ha organizado en Madrid, que ya tiene tres experiencias similares en Valdemoro, Móstoles y Torrejón funcionando si queja alguna de los usuarios, más interesados por la calidad del servicio que por la titularidad de quien lo presta. Se entiende que estén los profesionales, no los pacientes, preocupados por los cambios que se avecinan. Más de dos tercios del personal médico y de enfermería, aquellos que no tienen plaza fija, parecen más cómodos bajo el manto de lo público que pasando a trabajar en una empresa privada sometida a la permanente evaluación de un paciente que disfruta del derecho a la libre elección de médico. La sanidad pública no está en peligro: es solo la coartada de quien se resiste a las reformas necesarias.

LA RAZÓN, 7/11/2012