Lo describe con precisión quirúrgica la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía. Tras rastrear el reparto de 360 millones en ayudas a la formación en Andalucía, concluye en un informe que la desviación sistemática de fondos públicos hacia empresas “cazasubvenciones” vinculadas al poder que las concede sin control previo es “un modo de clientelismo, de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza con un costo realmente reducido”, ya que los fondos defraudados proceden de Europa.
El fraude perpetrado no solo es el mayor de la historia de España por su cuantía, que lo es, y más si al de los cursos de formación sumamos el de los ERE falsos: más de 1.000 millones entre ambos; lo es, sobre todo, por la inmoralidad de su trasfondo. El negocio particular que ha permitido el enriquecimiento ilícito de muchos, y el negocio político que, según la policía, ha facilitado la compra del voto al gobierno de turno, tiene como “mercado” el más floreciente de Andalucía: el desempleo, siempre en auge. El drama que atrapa a un tercio de los andaluces ha permitido el engolfamiento de quienes debían contribuir a su protección. Pero ocurrió lo contrario. Sindicatos, amigos del partido, aseguradoras, empresas fantasma, familiares y cargos públicos se lanzaron sobre el presupuesto para tejer una red de intereses compartidos que aseguraba la paz social de un régimen bajo la falsedad de un asistencialismo transformado en lucro privado y dividendo político. La policía ha dado con el prototipo: el ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda. Creó decenas de empresas para llevarse las ayudas que repartía su cuñada como responsable del Servicio Andaluz de Empleo.
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